Es probable que Edward Law, conocido como Lord Ellenborough, sonriese al leer este editorial y comentase con humor británico: “¡Touché!”. Pues quien fuera primer magistrado judicial de Inglaterra y Gales, al sentenciar en el célebre caso “Buchanan vs. Rucker” (1808), inmortalizó una frase, de puro sentido común, cuando negó que un tribunal de una pequeña isla del Imperio Británico (Tobago) pudiese dictar una sentencia ejecutable ante los tribunales ingleses, condenando a un no residente notificado con una cédula clavada en la puerta del juzgado insular. “¿Pretende la isla de Tobago gobernar el mundo?”, se preguntó, mientras le negaba ese derecho, por más que los habitantes de la isla hubiesen “autodeterminado” su jurisdicción en el caso.

Si bien no se trata de un precedente de derecho internacional, el razonamiento que se infiere de su sentencia bien puede aplicarse a nuestro reclamo soberano sobre las islas Malvinas. En tiempos remotos, el argumento de la autodeterminación de los isleños no tenía las implicancias que tiene ahora. Con solo 3500 habitantes, mediante su consenso se pretende afectar nuestros derechos sobre la plataforma continental, incluyendo la pesca y los yacimientos de hidrocarburos, el control sobre rutas marítimas interoceánicas alternativas al Canal de Panamá (Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle y Pasaje Drake), el acceso al Océano Austral y la proyección antártica en el contexto de una posible revisión del Tratado de Madrid en 2048 (que prohíbe la minería). Lord Ellenborough, un poco incómodo y mesándose su peluca, se preguntaría: “¿Pretenden 3500 malvinenses imponer sus decisiones al mundo?”.

Ese interrogante pone a la luz, de forma clara y sencilla, lo descabellado que resulta invocar la autodeterminación en el caso, pues es manifiesto que el Reino Unido utiliza a un pequeño grupo poblacional como una gran “palanca” apoyada sobre el pivote de sus voces para intentar alcanzar objetivos económicos y geopolíticos mayúsculos, completamente ajenos a la raíz humanitaria de su fundamento.

Pensemos que el estadio Islas Malvinas de All Boys puede albergar 21.000 espectadores y toda la población de las islas entraría con holgura en el minúsculo Guillermo Laza de Deportivo Riestra en el Bajo Flores o en el club de básquet Atenas de Córdoba, de la ciudad mediterránea. El Norman Lee de la Asociación Deportiva de Berazategui es tres veces mayor y ni qué hablar del Monumental, con capacidad para 85.000 hinchas y donde los malvinenses, si asistiesen, serían una minoría a buscar con lupa.

Tomando como ejemplo pueblos argentinos, aquellas serían comparables, en cuanto al número de habitantes, a Cacharí (Buenos Aires), Rancul (La Pampa). Itá Ibaté (Corrientes) o Maquinchao (Río Negro). Imaginemos si a sus vecinos se les atribuyese la facultad de decidir qué nación tendría derecho a las reservas de Vaca Muerta (Neuquén); los yacimientos mineros de Josemaría (San Juan) o los depósitos de litio del Salar del Hombre Muerto (Catamarca). Nada más alejado de sus intereses inmediatos, de sus trajines laborales, de sus vidas familiares y de sus gestiones municipales que el conocimiento de los hechos, los saberes del derecho y las consecuencias geopolíticas de tamañas decisiones.

Ahora que los malvinenses no son más “kelpers” y disfrutan de un bienestar que ignoraban antes de 1982, bien podría decirse que les comprenden “las generales de la ley”, ya que su opinión se encuentra sesgada por los beneficios que ya obtienen y los mayores que podrían obtener si se concretasen las inversiones para extraer petróleo off shore de nuestra plataforma continental. Y aún más, si su ubicación estratégica se potenciara para expandir su área de influencia austral. Como diría Alfredo Casero, ahora que ya lo probaron, los malvinenses “quieren flan”. Aunque, si lo acompañasen con dulce de leche, seguro lograríamos que su opinión cambiase.

Tampoco puede soslayarse que la base militar ubicada en la isla Soledad (Mount Pleasant) aloja de forma permanente alrededor de 2000 efectivos del Reino Unido, casi como toda la población adulta del lugar. Si bien no son tomados en cuenta para evaluar la dichosa autodeterminación, resulta casi intimidatorio para la población civil esa presencia uniformada en un territorio tan pequeño.

Por contraste, hasta la Operación Rosario (2 de Abril de 1982) las Malvinas tenían solamente 1800 habitantes que, desde 1975, contaban con una planta de almacenamiento de combustible para aeronaves y una estación de servicio de YPF pública, ya que la Argentina había construido la pista de aterrizaje para el servicio regular de LADE. En reemplazo de la incómoda extracción de turba las familias usaban tubos de gas licuado provistos por Gas del Estado y desde 1971 operaba un buque de transporte regular (ARA Isla de los Estados) que les llevaba provisiones y regresaba con ovinos en pie al continente. El navío fue trágicamente hundido durante la guerra.

En materia de educación, como solamente había nivel primario y los “kelpers” no tenían pasaporte británico, los jóvenes cursaban estudios secundarios en países del Commonwealth y en colegios ingleses de nuestro país, donde también podían recibir atención médica. En Puerto Argentino había dos profesoras de español permanentes para sentar las bases de una transición lógica y natural, mediante la interacción social, las amistades, los empleos, los matrimonios y los hijos. Con el tiempo, esa hubiese sido su probable autodeterminación, sin recurrir a logísticas artificiosas para subsistir en medio de la nada, negando su proximidad con la Argentina, titular del suelo en que se asientan sus viviendas, escuelas, oficinas, campos y mares.

Como lo señalamos en un editorial reciente, ha sido muy positivo que Javier Milei ratificase el camino diplomático para la recuperación de las Malvinas aplicando legislación argentina y no las vías de hecho, sancionando a empresas que allí realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin nuestra autorización, incluyendo a proveedores, contratistas y otros servicios, como bancos y aseguradoras. El objetivo no debe ser solo aumentar el nivel de confrontación, sino transformar la presión en incentivos para abrir los mecanismos de negociación que Gran Bretaña siempre ha rehuido a pesar de la resolución 2065 (1965) de la ONU que reconoció la disputa de soberanía e instó a los gobiernos a encontrar soluciones pacíficas a los intereses (no a los deseos) de sus habitantes.

Si la Argentina lograse sostener un proceso de crecimiento económico y fortalecimiento institucional, mejorará progresivamente su posición relativa frente a un Reino Unido cuyo peso internacional ya no es el que tenía en otras etapas históricas. Y podría responder con el mismo realismo que Lord Ellenborough en 1808, cuando en la mesa de negociaciones los británicos reiterasen el argumento de la autodeterminación de los 3500 isleños. Tantos como en Maquinchao, Río Negro.