Un hombre fue condenado a 10 años y 4 meses de prisión efectiva por haber abusado sexualmente durante aproximadamente un año de una niña en la ciudad neuquina de Zapala.

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la víctima era menor de edad, y, según quedó acreditado durante el juicio, el condenado aprovechó la relación de autoridad, confianza y cuidado que mantenía con ella para cometer los ataques.

La sentencia fue dictada por un Tribunal de Juicio que consideró probada la continuidad de los abusos, la diferencia de edad entre el acusado y la víctima y el profundo daño que los hechos provocaron en la niña.

Si bien la pena quedó por debajo de la solicitada por la fiscalía, los magistrados descartaron aplicar el mínimo previsto por la ley, al entender que existían circunstancias agravantes que justificaban una sanción superior.

El condenado, identificado por sus iniciales J.B.M., fue hallado responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por el modo de realización, continuado y agravado por el vínculo.

Durante el juicio, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, había solicitado que se le impusiera una pena de 14 años y seis meses de prisión efectiva. Para fundamentar ese pedido sostuvo que la gravedad de los hechos excedía ampliamente el mínimo de la escala penal y remarcó que las agresiones se prolongaron durante alrededor de un año.

La representante del Ministerio Público Fiscal puso especial énfasis en las circunstancias que agravaban la responsabilidad del acusado. Entre ellas destacó la reiteración de las conductas abusivas a lo largo del tiempo, la marcada asimetría existente entre el hombre y la víctima por la diferencia de edad y la posición de confianza que ocupaba, además de las consecuencias psicológicas y físicas que los ataques dejaron en la niña.

Según expuso durante el debate, los abusos fueron cometidos en un contexto de violencia y sometimiento, en el que el condenado utilizó amenazas para mantener el control sobre la víctima y garantizar el silencio durante el tiempo que se extendieron los hechos.

El pedido de la fiscal fue acompañado por la querella institucional, representada por la defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Natalia Díaz, quien coincidió en que la gravedad del caso justificaba una pena cercana a los 15 años de prisión.

La defensa, por el contrario, solicitó que se aplicara el mínimo previsto en la escala penal, fijado en 8 años de prisión. Además, cuestionó que las circunstancias señaladas por la acusación pudieran ser consideradas agravantes al momento de establecer la condena.

Al momento de resolver, el Tribunal de Juicio compartió parcialmente la postura del Ministerio Público Fiscal. Los jueces entendieron que estaba acreditada la continuidad de los abusos durante un período prolongado, la desigualdad existente entre el condenado y la víctima por la diferencia de edad y, especialmente, la magnitud del daño ocasionado.

En ese sentido, los magistrados hicieron hincapié en el trauma que los abusos sexuales provocaron en la víctima, circunstancia que consideraron determinante para apartarse del mínimo de la escala penal.

Como único elemento atenuante, el tribunal valoró que el condenado no registraba antecedentes penales. Sin embargo, rechazó otro de los argumentos planteados por la defensa, referido a que el hombre no había vuelto a mantener contacto con la víctima una vez finalizados los hechos. Los jueces entendieron que esa situación no podía interpretarse como una conducta favorable del acusado, sino como el cumplimiento de una obligación legal.

Además dispuso que, una vez que la sentencia quede firme, el condenado sea incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Ripecodis), donde quedan inscriptas las personas condenadas por este tipo de delitos.

El tribunal de juicio que intervino en el caso estuvo integrado por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Ignacio Pombo y Diego Chavarría Ruiz.