La jueza Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión y afirmó: “No estoy arrepentida”. No obstante señaló que está de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad, pero consideró que “no están dadas las condiciones para implementar la reforma”. Además, aseguró no tener relación con el gobierno de Axel Kicillof.

“En lo personal, que lo hayan bajado a 14 años no me molesta”, indicó Pascual en diálogo con A24 este martes a la noche. “Estoy de acuerdo si están dadas las condiciones para que, en los delitos que no sean graves, podamos aplicar alternativas que sirvan para resocializar a ese joven, que es lo que nos marca la Constitución Nacional”, explicó.

La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, manifestó que no se opone a la baja de la edad de imputabilidad ya que “es una facultad del Congreso, es un tema de política criminal”. Sin embargo, consultada insistió en que la suspensión la ejecutó a raíz de una “convicción suya” tras un “trabajo de 25 años de estar todos los días en el juzgado”.

“Yo trabajo en el conurbano, no vivo en un country, no tengo custodia ni chofer. Tengo a mis nietos caminando por la vereda. No soy una obtusa ni una cerrada a estas cuestiones, ni alguien que cree que nunca le va a tocar”, expresó Pascual.

En tanto, advirtió que, según contó, en Colombia “prácticamente han terminado con el sicariato aplicando estas cuestiones que se llaman justicia restaurativa”. En ese sentido, agregó: “Quiero alternativas a las rejas”.

Consultada sobre cuánto tiempo debería mantenerse la suspensión, la jueza ratificó el plazo establecido en su resolución. “La ley está suspendida por dos meses. Creo que en estos dos meses vamos a poder trabajar en estas alternativas”, señaló.

Pascual mencionó un programa de justicia restaurativa que desarrolla en Lomas de Zamora y aseguró que, según una medición del Conicet, la reincidencia entre los jóvenes que participan es del 7 u 8%. Contrastó ese dato con una tasa del 60% que atribuyó a quienes permanecen encerrados y luego ingresan a cárceles de adultos.

La magistrada insistió en que actualmente no cuenta con las alternativas a la prisión que contempla la normativa ni con las herramientas para abordar situaciones como la de un adolescente que roba por una adicción. Ante la pregunta sobre la responsabilidad del gobierno bonaerense en esa falta de medios, respondió: “La provincia lo que dice es que no le mandaron los recursos para poder implementarlo”.

También fue consultada por su reciente participación en un acto con Axel Kicillof. Explicó que los jueces penales juveniles asistieron a la reapertura de un centro de máxima seguridad en La Plata y sostuvo que ese establecimiento podría utilizarse para aplicar el nuevo régimen, aunque advirtió que no tiene capacidad suficiente. “Pero más que lugares de rejas, que no son suficientes, lo que quiero es las alternativas que me marca la ley”, insistió.

Durante la entrevista, Pascual también dijo estar al tanto de los pedidos para avanzar con su destitución. “Sí, lo sé”, respondió cuando le preguntaron por esa posibilidad, y mencionó un pedido de juicio político que atribuyó a Sebastián Pareja. “Yo lo hice a través de mis convicciones, del trabajo que tengo todos los días y de que sé que vamos a poder lograr mejores resultados”, sostuvo.

Pascual rechazó además que se la identifique con el kirchnerismo. “Un periodista me dijo que soy kuka. Yo nunca fui, soy ni seré kuka”, expresó. En cambio, ratificó su definición como una jueza garantista: “Soy garantista de la Constitución, de la convención que dice que la privación de libertad tiene que ser la última razón y que hay que aplicar medidas alternativas”.

Consultada sobre qué ocurriría si un adolescente de 15 años cometiera un homicidio mientras está suspendida la aplicación del nuevo régimen, sostuvo que la legislación bonaerense permite disponer su encierro. “De hecho, los chicos menores de 16 años que han cometido delitos graves están privados de libertad. La ley en la provincia lo permite y está vigente”, aseguró.

Según afirmó, hay alrededor de 100 adolescentes menores de 16 años privados de la libertad en territorio bonaerense. La jueza explicó que su planteo apunta a trabajar para que los jóvenes dejen de identificarse como “pibes chorros” y puedan integrarse a su comunidad, estudiar o trabajar.

Por último, insistió en que las medidas alternativas están contempladas en la nueva ley y manifestó su expectativa de avanzar con su implementación durante los 60 días de suspensión. “Hoy no dejo en una situación de vulnerabilidad a la comunidad porque la ley permite que un menor de 16 años con un hecho grave sea privado de libertad”, concluyó.