El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli pidió hoy a la Cámara de Diputados que lo autorice a avanzar con medidas de prueba sobre el legislador José Luis Espert, protegido por la ley de fueros.

Mirabelli, por oficio, le solicitó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que se habilite una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes de Espert, informaron a LA NACION fuentes oficiales.

El diputado está siendo investigado por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado, que está preso para ser extraditado a los Estados Unidos, donde lo acusan de una serie de delitos que incluyen la conspiración para el narcotráfico.

Mirabelli dispuso esta medida a pedido del fiscal del caso, Fernando Domínguez, que ayer imputó a Espert por lavado de dinero en la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois. Domínguez busca además rastrear los movimientos de dinero del diputado y revisar sus cuentas. Eso requiere el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El pedido judicial ya está en el despacho de Menem, confirmaron fuentes parlamentarias. Ahora debe resolver si lo somete inmediatamente a la consideración del cuerpo o si lo gira antes a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El juez no puede avanzar con medidas de allanamiento, registro ni secuestro sobre Espert hasta que la Cámara de Diputados no lo autorice. Así lo establece la ley de fueros, que dice: “No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

En el marco de esta misma causa, Mirabelli ordenó este martes un allanamiento en la casa de Viedma en la que Machado cumplió arresto domiciliario hasta ayer, que la Policía Federal lo trasladó a un destacamento. Según fuentes oficiales, en ese allanamiento encontraron, en un tacho de basura, roto, una copia del contrato de un millón de dólares que Espert firmó con el empresario que ahora será extraditado.

En el acuerdo, Espert se comprometía a hacer trabajos de asesoría como economista para la firma Minas del Pueblo, una minera de Guatemala que pertenecía a Machado.

La transferencia de 200.000 dólares en favor de Espert está registrada en un libro contable que fue elaborado por el Bank of America y que está incorporado a la causa de Estados Unidos que investiga a Machado.

La documentación, que LA NACION obtuvo de bases de datos oficiales de la justicia norteamericana, se presentó como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023. Coincide con la información que aportó Grabois cuando denunció a Espert en la justicia federal de San Isidro.

Según Espert, los 200.000 dólares los recibió por el acuerdo firmado con Machado para esta asesoría a Minas de Pueblo, pero el contrato contemplaba otros montos y formas de pago: preveía que se transfieran 100.000 dólares por mes, desde julio en adelante, durante 9 meses, más un pago inicial al momento de la firma del acuerdo, que se suscribió el 7 de junio de 2020.