El fallo por el escándalo del plan de viviendas sociales Sueños Compartidos que construyeron las Madres de Plaza de Mayo se explica porque uno de los jueces del tribunal votó por absolver a todos los acusados con el argumento de que la causa estuvo mal instruida, pero también por el sobreseimiento prematuro de gobernadores e intendentes que recibieron un presupuesto de 700 millones de pesos hace 15 años y porque la responsabilidad política no siempre se convierte en responsabilidad penal.

La sentencia del Tribunal Oral Federal N°5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso; al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados.

El fallo fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Por tratarse de una condena menor a 3 años y en suspenso, los condenados no irán presos.

Si bien los fundamentos de la sentencia se conocerán el 11 de noviembre, estas son las claves del fallo:

La disidencia: el juez Adrián Grunberg votó por absolver a todos los acusados, incluidos los funcionarios. Solo los votos de la jueza Paliotti y del juez Obligado permitieron las condenas a López, Fatala y a los hermanos Schoklender. Grunberg es el mismo juez que decidió en este tribunal absolver a Cristina Kirchner sin juzgarla en el caso Hotesur y Los Sauces.

La absolución de De Vido: todos los jueces del tribunal optaron por absolver a Julio de Vido. Las razones pasaron porque la responsabilidad política no se convierte automáticamente en responsabilidad penal. Si bien era el ministro, el responsable del programa no aparece firmando nada. La responsabilidad que valoró el tribunal es la penal. Imputar a De Vido por su rol institucional es un caso de responsabilidad objetiva que está vedado para nuestro sistema penal. De seguir esa idea, se podría haber llegado a Cristina Kirchner. En este caso nadie mencionó a De Vido, ni firmó nada. Es la misma situación que ocurrió con la causa Vialidad, donde fue absuelto.

Zafaron intendentes y gobernadores: el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los gobernadores e intendentes que recibieron los más de 700 millones de pesos de hace 15 años para construir viviendas sociales. Firmó los sobreseimientos el 23 de diciembre de 2019. Desvinculó además a María Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini.

Concluyó que gobernadores e intendentes no habían cometido delito al firmar los convenios para la construcción de viviendas. En total alcanzó a 25 imputados. Entre los beneficiados estuvieron Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y José Benítez, además de Julio Zamora, intendente de Tigre.

El argumento fue que los fondos provenían del Estado nacional y que desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En esa lectura, ni los municipios ni las provincias tuvieron injerencia real, porque la Nación solo giraba el dinero si la contratada para hacer las viviendas era la Fundación.

Esto fue clave para que la causa quedara tabicada, al igual que la instrucción inicial que hizo el juez Norberto Oyarbide, ya fallecido, que tuvo que ser apartado del caso por la Cámara Federal.