Cuando Javier Milei defendió su plan de privatizaciones, aseguró que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado” dejaría de estar bajo la órbita estatal. La definición venía precedida de la opinión que el propio jefe de Estado tiene de lo público: “El Estado es una organización criminal”.

El eco de esas palabras resuena ahora a la luz de algunas decisiones de la gestión libertaria, que pueden resultar paradójicas. Aunque el Gobierno puso en marcha un plan para ir retirando al Estado de la vida de los argentinos, el sector público aumentó su participación en el capital social de algunas de las compañías más importantes del país. Ese avance se dio a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

El FGS está en la órbita del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, pero en la cúpula del organismo hay influencia directa del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Este medio consultó sobre esa situación en el Palacio de Hacienda, que prefirió no opinar para esta nota.

Entre fines de 2023 y octubre de 2025, último dato al que accedió LA NACION mediante la respuesta detallada a un pedido de acceso a la información pública, el Estado aumentó su participación a través de la compra de acciones en empresas como YPF, BYMA, Banco Galicia, Banco Macro, TGS o Central Puerto, entre otras. Esta novedad, hasta abril del año pasado, había sido adelantada por la periodista Florencia Donovan en una nota publicada en LA NACION.

El año pasado, el dinero del FGS invertido en acciones de empresas aumentó un 15%, contaron fuentes del mercado. Actualmente, en el stock total del fondo —según se desprende de informes oficiales—, los papeles de empresas privadas representan entre 13% y 15% del total. Vale remarcar que el artículo 74 de la ley 24.241 estipula los límites inferior (7%) y superior (50%) para la tenencia total de acciones del fondo. Eso significa que actualmente el stock se encuentra más cerca del mínimo que del máximo.

Dónde invirtió el Estado libertario

Entre el último dato de la gestión de Alberto Fernández y el 31 de octubre del año pasado, la participación del Estado en BYMA, la bolsa de valores, pasó de 0,33% a 6,77% de su capital social (el valor tuvo un desdoblamiento, de manera que modificó el ratio de conversión de 20:1 a 60:1).

Según datos a los que accedió LA NACION, se compraron 249.143.525 acciones en el mercado secundario y se sumaron otras 241.896.036 a través de dividendos. En total, el fondo público incorporó 491.039.561 acciones a su cartera.

El Estado aumentó de forma importante sus tenencias en YPF, la petrolera bajo gestión pública que dirige Horacio Marín. Vale recordar que YPF estuvo en la primera lista libertaria de empresas a privatizar. Según los datos oficiales, se compraron 20.825.109 acciones en el mercado secundario. Eso le permitió al FGS pasar de tener poco más del 1% de la empresa al 6,76%.

También hay más Estado en el Banco Galicia, la entidad de la familia Escasany, que pasó de 18,1% a 21,65% de su capital social con la adquisición de 80.786.999 papeles.

Algo similar ocurrió en el Banco Macro, de la familia Brito, donde la gestión libertaria elevó su participación a 29,76% del capital social tras comprar 6.162.591 acciones. En la administración de Alberto Fernández, la tenencia era de 28,8%.

En las energéticas TGS, de las familias Mindlin y Sielecki, y Central Puerto (Guillermo Reca, los Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany), el Estado pasó de 24% a 25,33% y de 1,85% a 4,73% del capital social, respectivamente, siempre mediante la compra de acciones.

En el BBVA, la participación estatal pasó de 7,06% a fines de 2023 a 7,32%. Se compraron 1.564.686 acciones, según la información que analizó LA NACION durante las últimas semanas.

En Cresud se pasó de 4,06% a 4,72% del capital social. El sector público adquirió 1.400.805 acciones en el mercado secundario y sumó otras 5.091.371 a través de derechos de suscripción. En total, durante ese período, el FGS incorporó 6.492.177 acciones de la empresa.

En IRSA, la firma de Eduardo Elsztain dedicada a los shoppings y al negocio del real estate, la participación estatal pasó de 5,50% a 6,15% del capital social. A través de dividendos se sumaron 1.460.081 acciones y otras 5.603.001 mediante derechos de suscripción. En total, el FGS acumuló 7.063.082 acciones adicionales.

En Loma Negra, el FGS pasó de tener 5,33% a 7,82% del capital social. Todo ocurrió mediante compras en el mercado secundario, donde se adquirieron 14.563.540 acciones. En Pampa Energía, la participación estatal pasó de 22,51% a 22,81% con compras por 4.071.629 acciones.

En Supervielle, el Estado saltó de 3,34% a 4,57% del capital social a través de la adquisición de 4.965.504 acciones en el mercado. En TGN, la participación creció de 0,76% a 1,73%, también mediante compras en el mercado, donde se incorporaron 4.239.585 acciones. El Estado también reforzó su posición en el Banco de Valores. La participación pasó de 7,22% a 7,51% tras la compra de 14.408.137 acciones.

Hubo, sin embargo, dos casos en los que el FGS decidió desprenderse de acciones. En Ecogas, la participación estatal cayó de 26,12% a 14,63% del capital social. En San Miguel, el ajuste fue mayor: pasó de 26,06% a 9,98%.

¿Más directores estatales?

Fuentes al tanto de la operatoria diaria del megafondo de la Anses aclararon a LA NACION que su intención siempre fue maximizar el retorno de la inversión y mantener el valor de la cartera. Otras fuentes oficiales, que confirmaron la proliferación de inversiones del Estado en empresas privadas, remarcaron que el Gobierno no tiene la intención de explotar los derechos políticos que se adquieren con la compra de acciones. Por caso, el Gobierno podría aumentar la cantidad de directores en empresas privadas e influir en su gerenciamiento, algo que no ocurrió. Es una diferencia clave con respecto al kirchnerismo.

La discusión sobre el rol del Estado como accionista en empresas privadas explotó en la gestión de Cristina Kirchner. Luego de la estatización de las AFJP, aquel gobierno protagonizó una fuerte pelea con grupos empresarios para sumar representantes en los directorios de compañías donde la Anses había heredado acciones. El caso más emblemático fue el de Siderar, del Grupo Techint.

Cuando Axel Kicillof llegó al Ministerio de Economía, se separaron esos derechos económicos y políticos (que tiene el FGS) y los últimos fueron absorbidos por el Palacio de Hacienda, lo que le dio más poder a Kicillof en los directorios de las empresas privadas. Eso cambió con el gobierno de Mauricio Macri, cuando se unificaron otra vez en el FGS. Este mismo rumbo se mantiene en el gobierno de Milei.

A comienzos del año pasado, asumió al frente de la Anses Fernando Bearzi, con una larga carrera en las finanzas y muy cercano a Luis Caputo. Renunció un año después. Lo sucedió Guillermo Arancibia, un histórico que era asesor de Pettovello y continúa en el cargo. Como subdirector ejecutivo de Operación del FGS está Raúl Osvaldo Benítez, quien responde a la ministra de Capital Humano, pese a que debajo suyo hay técnicos vinculados a Caputo.

La administración de los activos del FGS fue delegada por Arancibia en Benítez, quien cuenta con la asistencia de un Comité Ejecutivo integrado por el director ejecutivo de la Anses; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el de Hacienda, Carlos Guberman; el de Política Económica, José Luis Daza, y el subdirector ejecutivo de Operación del FGS. Las decisiones se toman por mayoría simple y el director ejecutivo de Anses tiene derecho a veto. En caso de empate, el voto de dicho funcionario vale doble.

Más acciones y menos deuda

A comienzos del año pasado, la gestión de Bearzi dio un paso llamativo para defender la rentabilidad del FGS. Había avanzado en compras significativas de AL30 (el bono soberano bajo ley argentina), que el gobierno pasado había vendido en una paridad de 20/25. Eran entonces los bonos más líquidos y estaban en una paridad de 40. Pero con base en el ratio de riesgo país versus el tamaño del Merval en dólares, se cambió de estrategia y se decidió desarmar parte de ese stock de bonos, que ya había subido mucho.

Es decir, el fondo de la Anses se deshizo de deuda pública para comprar acciones de empresas privadas, ya que se veía una macroeconomía en fuerte recuperación y las acciones tenían un upside mayor (potencial de crecimiento) en los próximos años. El Gobierno intentó operar porcentajes bajos con la intención de no afectar la valuación de las compañías, en un movimiento que quiso evitar alterar los precios de mercado.

La consultora 1816 calculó que el FGS hizo compras de acciones por un monto equivalente a US$1426 millones entre mayo y noviembre de 2025.

El último informe del FGS, de abril de 2026, no ofrece la evolución en los últimos años empresa por empresa, pero señala las principales inversiones en acciones del FGS por sectores. Los mayores montos se concentran en papeles de energéticas y bancos. La mayor exposición accionaria del FGS está hoy vinculada al boom energético. Según las últimas cifras, el fondo tenía invertidos $7.033.283 millones en firmas del sector, equivalentes al 44,6% de todas sus tenencias en acciones y al 6,2% del total de sus inversiones.

Detrás aparecen los servicios financieros, con $5.330.803 millones invertidos en bancos y otras firmas del sector, que representan el 33,8% de la cartera accionaria y el 4,7% del total del FGS. Más atrás se ubican siderurgia ($1.075.549 millones), telecomunicaciones ($1.043.845 millones), alimentos ($495.929 millones), bienes raíces ($439.334 millones), construcción ($245.768 millones), automotrices ($73.683 millones) e infraestructura ($25.502 millones).

En abril de 2026, el conjunto de acciones del FGS sumaba $15.763.695 millones y representaba el 13,9% de las inversiones totales del fondo. En enero de este año, según datos oficiales, esa participación había llegado al 16,6%. Pese al aumento de las apuestas en empresas privadas, vale aclarar que el FGS sigue concentrado principalmente en deuda pública. De acuerdo con la información oficial, el 78,1% del patrimonio administrado por el fondo está invertido en títulos públicos nacionales.