No hubo un cálculo del costo político en el decreto del Gobierno que limitó el acceso a la Información Pública. Fue, una vez más, la decisión de correr los límites, sin pudores, de un sistema que a la gestión de Javier Milei le resulta incómodo. Distintos funcionarios aseguraron que la medida se estuvo cocinando durante largas semanas porque los ministerios estaban “enloquecidos” por la “lluvia de solicitudes” que mezclaban requerimientos de datos públicos razonables con pedidos –presuntamente- muy poco serios. Ante el volumen de solicitudes, el Gobierno prefirió imponer un filtro, sin medir que la medida iba a abroquelar a la oposición en el Congreso, (incluso a aliados como Pro) y que iba a generar la oposición de múltiples ONG.

En su disertación en Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el Gobierno está “dispuesto” a “analizar” el decreto que acotó el acceso a la Información Pública. Pero, según puso saber LA NACION, Milei –que fue el que avaló la versión final de la norma- no tendría intención de dar marcha atrás. “Fue un tema que se trabajó durante meses. No se va a cambiar”, aseguraron en la Casa Rosada.

El articulador del decreto 780/2024 fue el asesor todoterreno, Santiago Caputo. Él le encargó la elaboración a su pluma jurídica, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, que a su vez se nutrió de otras áreas, especialmente la Procuración del Tesoro Nacional, a cargo de Rodolfo Barra. Menos incidencia tuvo la propia Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que depende de la Jefatura de Gabinete, pese a que los considerandos del decreto fueron citados los “Criterios Orientadores e Indicadores de Mejores Prácticas en la aplicación de la Ley N° 27.275″, de derecho de acceso a la información pública, sancionada en 2016.

La AAIP está conducida por Beatriz Anchorena, una funcionaria designada por la administración de Alberto Fernández. Se trata de un cargo al que se accede tras audiencia pública con un mandato hasta 2026 (la intención es que atraviese a más de una administración para garantizar la función de contralor).

Según pudo reconstruir LA NACION, hubo una conjunción de incordios que la administración de Milei no quiso pasar y por eso definió, directamente, acotar los pedidos de acceso a la información. Las reiteradas solicitudes de datos sobre los perros del Presidente, que residen en Olivos, fue solo una parte. En Balcarce 50 aseguran que existieron numerosos requerimientos vinculados a cuestiones de índole privada de los funcionarios. Funcionó como base del decreto de Milei un dictamen redactado por Barra semanas atrás, donde el funcionario determinó que la información sobre los canes del jefe de Estado es de índole privada. En las ONG llaman “jurisprudencia Conan” a la resolución del procurador del Tesoro.

La otra argumentación que ofrecen en la Casa Rosada es que había un volumen de requerimientos “inmanejable” –mucho mayor a los de los gobiernos anteriores-, que obligaban a un número importante de empleados y funcionarios de los ministerios a dedicarse a responder los pedidos. “Los ministerios estaban enloquecidos, dedicaban muchas horas a responder pedidos, en muchos casos poco serios”, aseguró un funcionario a LA NACION.

Por último, en el Gobierno aseguran que detectaron que existía una “industria” de los pedidos, con la intención de que se vencieran los plazos previstos por la ley, para que el Estado tuviera que pagar multas. “Piden cualquier cosa y nos hacen perder tiempo y recursos. Los abogados, si no les respondes en tiempo y forma, cobran multas. Les cortamos el curro”, aseguró otro colaborador en Balcarce 50.

La mayoría de los pedidos de acceso a la información venían recayendo sobre la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y sobre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, dos mujeres fuertes y con llegada al Presidente, que fue quien finalmente estampó su firma al decreto 780/2024. Gracias al derecho a la información, que el Congreso en 2016 reguló con criterios muy amplios, se pudo conocer, por ejemplo, lo referido a los alimentos vencidos en poder de la secretaría de Niñez y Familia, los gastos de Milei en sus giras internacionales o las visitas a Olivos.

La nueva norma establece que el Estado no está obligado a dar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario”. Introduce el concepto de “buena fe”, que permite sanciones a quienes abusen de los pedidos de acceso a la información. Por último, va un poco más allá, y establece que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”. Es decir, que solo se respondería por aquellos expedientes o actos que estén culminados.

Al Gobierno no le importó que la ley de Acceso a la Información Pública haya sido impulsada y sancionada durante la gestión de Mauricio Macri. El bloque de diputados de Pro, que conduce Cristian Ritondo, rechazó hoy de forma “categórica” el decreto de Milei en un comunicado y lo calificó de “retroceso en términos de transparencia”.

Una vez más, un decreto del Gobierno provocó el aglutinamiento de todos los bloques opositores y empeoró el clima en el Congreso, justo en un momento en el que la gestión de Milei debe evitar que haya mayorías agravadas en el Congreso y lograr la buena predisposición de los bloques aliados, como Pro.

“El decreto 780/2024 tiene que ver con que se entienda lo que es esfera privada y lo que es esfera pública. La ley de 2016 la quisieron copiar de la Ley por la Libertad de la Información de los Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés). La copiaron mal. La ley estadounidense te da acceso a documentación pública, no a tener que responder a qué colegio van los hijos de un funcionario”, despotricó un colaborador de la Casa Rosada a raíz del comunicado de Pro.

En principio, no hay clima en Balcarce 50 para retroceder con el decreto que generó fuerte revuelo en el Congreso y en las organizaciones de la sociedad civil. Se suma así, otro elemento de tensión con el Poder Legislativo, en un momento en el que el Gobierno tuvo que recurrir a una herramienta como el veto.