Una decisión judicial volvió a poner bajo presión al gobierno federal por su actuación durante los operativos migratorios realizados en Los Ángeles. Una jueza federal concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) incumplió una orden previa sobre la preservación de pruebas y lo declaró en desacato civil.

El DHS en desacato: los argumentos del fallo judicial en California

La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, resolvió que el gobierno federal incurrió en desacato civil por no cumplir una orden judicial que exigía realizar copias forenses de los teléfonos celulares personales utilizados por agentes que participaron en 15 operativos migratorios identificados en el área de Los Ángeles.

La magistrada determinó que el gobierno deberá pagar una multa de 500 dólares por cada día que continúe sin cumplir plenamente la orden emitida el 16 de enero por la magistrada Sheri Pym.

Además, dispuso que también reembolse a los demandantes los costos y el tiempo invertidos para lograr que las autoridades acataran la decisión judicial. Según consignó Los Angeles Times, Frimpong concluyó que las pruebas demostraban que el incumplimiento no respondía a una imposibilidad material, sino a una conducta intencional y carente de buena fe.

En la resolución, la jueza sostuvo que, tras revisar los argumentos de ambas partes y las presentaciones realizadas durante la audiencia, existían elementos claros para concluir que los demandados no habían demostrado una incapacidad para obedecer la orden. Por el contrario, señaló que la evidencia acreditaba que actuaron deliberadamente y sin voluntad real de cumplir con lo dispuesto por la Justicia.

Desacato del DHS en California: el origen del conflicto judicial

La controversia se enmarca en una demanda colectiva presentada el año pasado por la American Civil Liberties Union of Southern California (ACLU), Public Counsel, otras organizaciones y abogados particulares contra el DHS.

La acción judicial sostiene que durante las redadas migratorias federales se produjeron detenciones ilegales, arrestos sin fundamento suficiente y prácticas de perfilamiento racial, además de vulneraciones al debido proceso y al acceso a representación legal para personas bajo custodia migratoria.

Como parte del proceso de producción de pruebas, la jueza Pym había ordenado que se realizaran copias forenses de todos los teléfonos celulares utilizados por los agentes durante determinadas operaciones. El objetivo era preservar posibles comunicaciones, mensajes y otros registros digitales que pudieran resultar relevantes para esclarecer cómo se desarrollaron los procedimientos.

Sin embargo, meses después de esa orden, los abogados de los demandantes afirmaron que el gobierno todavía no había realizado una sola copia forense de teléfonos personales. Esa situación motivó una nueva presentación para que el tribunal evaluara si correspondía declarar en desacato a las autoridades federales por incumplir la instrucción judicial.

De acuerdo con CalMatters, ese pedido derivó finalmente en la sanción impuesta por Frimpong.

El DHS argumentó que los teléfonos personales estaban fuera de su control

Durante una audiencia celebrada el 25 de junio, representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) sostuvieron que los teléfonos personales de los agentes no estaban bajo la custodia ni el control directo del gobierno, por lo que cuestionaron la obligación de entregarlos para su análisis.

El abogado Jonathan Robbins explicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) había distribuido cuestionarios entre los agentes vinculados con la denominada Operation At Large Los Angeles. Más de 1400 funcionarios respondieron esa consulta y, según indicó, 885 reconocieron haber utilizado teléfonos personales durante las operaciones.

A pesar de ello, únicamente 88 agentes aceptaron voluntariamente que sus dispositivos fueran sometidos al procedimiento de copia forense y, al momento de la audiencia, ninguno de esos equipos había sido procesado. Robbins también explicó que el análisis de los teléfonos oficiales avanzaba a un ritmo de apenas tres dispositivos cada dos semanas, un procedimiento que calificó como lento.

El representante del gobierno sostuvo además que la obtención de copias forenses de los teléfonos personales constituía un mecanismo invasivo para la etapa de descubrimiento de pruebas y recordó que muchos de los agentes desplegados en Los Ángeles ya habían sido reasignados a distintos puntos del país norteamericano. Según afirmó, el gobierno no pretendía desafiar las órdenes del tribunal.

La respuesta de la jueza a las explicaciones del DHS

Las explicaciones ofrecidas por los abogados federales no convencieron a Frimpong. Durante la audiencia, la magistrada remarcó que habían transcurrido más de cuatro meses desde la orden inicial y que, hasta ese momento, las únicas acciones concretas informadas consistían en el envío de correos electrónicos y cuestionarios a los agentes involucrados.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

La jueza manifestó que el tribunal no podía esperar indefinidamente y recordó que el gobierno ya había contado con tiempo suficiente para ejecutar las medidas ordenadas. En la resolución posteriormente desclasificada, afirmó que los demandados no lograron demostrar por qué les resultaba imposible cumplir con la orden y concluyó que correspondía aplicar sanciones económicas hasta que la situación fuera regularizada.

Según informó The Hill, el gobierno efectuó posteriormente un pago de US$3500 correspondiente a los primeros días de multa acumulados, aunque la sanción diaria continuará vigente mientras persista el incumplimiento.