El gobierno de Javier Milei juega fuerte para exhibir que podrá mantener el control de la calle y que pondrá límites a los bloqueos en la manifestación convocada para mañana en el centro porteño por la Unidad Piquetera (UP) y organizaciones sociales y de la izquierda. No solo estrenará el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales, que incluye sanciones y habilita a los efectivos a actuar sin una orden judicial previa en caso de que detecten el delito en flagrancia, sino que busca desalentar la convocatoria advirtiendo a los manifestantes que podrían perder la asistencia social si interrumpen la libre circulación en las calles.

En la antesala de la primera movilización en protesta contra el ajuste que puso en marcha el Presidente para intentar frenar la espiral de la inflación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzó hoy en el diálogo con la Ciudad para coordinar el operativo de mañana y definir el plan de acción. “Vamos a ponerle palos en la rueda a los que quieran entrar”, avisan fuentes al tanto de las conversaciones para consensuar la puesta en marcha de nueva doctrina.

Bullrich y su número dos en la cartera, Vicente Ventura Barreiro, recibieron esta mañana en la sede del Ministerio de Seguridad al funcionario porteño Diego Kravetz, quien quedó al mando de la Policía de la Ciudad. Horas antes, en el encuentro con el jefe de Estado y sus pares del Gabinete nacional, la ministra había detallado el plan de acción que prepara junto con el gobierno porteño para no perder el control de la calle en la marcha piquetera de mañana, que tendrá como epicentros el Congreso y la Plaza de Mayo.

Tras la cumbre de esta mañana entre la Nación y la Ciudad, se estableció una hoja de ruta con vistas a la protesta de mañana, que marcará el estreno del duro protocolo antipiquetes que presentó Bullrich la semana pasada. Según lo acordado entre las autoridades nacionales y porteñas, el Gobierno de Milei desplegará a las fuerzas federales -la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval-en los accesos a la Capital, como el Puente Pueyrredón o el Puente La Noria; en edificios públicos, como la Casa Rosada y el Congreso; y en las estaciones de trenes para realizar tareas de control y prevención. La intención de las autoridades nacionales es lograr de esa forma un efecto “disuasivo” en las zonas que están bajo jurisdicción federal. “Habrá una advertencia. Pueden protestar, pero en las plazas o la vereda. No vamos a permitir que corten la circulación”, remarcan en el Ejecutivo.

Las claves del nuevo protocolo antipiquetes de Bullrich

El esquema de seguridad para evitar piquetes en las principales arterías de la Ciudad estará a cargo del gobierno de Jorge Macri, que tiene su propio plan de procedimiento y no adhiere al protocolo de Bullrich. Las fuerzas federales solo intervendrán en caso de que haya un requerimiento formal del gobierno porteño. Es decir, en el supuesto de que la policía de la Ciudad se vea superada por los manifestantes y no logre despejar los cortes. Jorge Macri avisó que no tolerará que haya interrupciones y que la protesta se podrá desarrollar en la vereda.

Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y Prefectura estarán apostados en los accesos a la Ciudad y en las cabeceras de las estaciones de trenes, como Retiro, Once y Constitución, donde dispondrán estrictos controles para que obstaculizar el ingreso de manifestantes que circulen con el rostro tapado o porten palos u otros “elementos contundentes”. En esos casos se pedirá identificación.

Ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que Milei le quitará los planes sociales a quienes participen en movilizaciones y protestas que impidan la libre circulación. “Los únicos que no cobrarán el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle”, aseguró Pettovello, quien anunció que desplazarán a los intermediarios eliminando la toma de asistencia en las cooperativas. Aún el Ejecutivo no dio precisiones de cómo se instrumentará el retiro de beneficios sociales para quienes participen del corte.

Horas después de que Pettovello grabara su mensaje, Bullrich aseguró que podría identificar a los manifestantes que corten las calles con “cámaras o drones”. En Seguridad explican que esa tarea estará a cargo de la Policía Científica. No se identificará a todas las personas que se movilicen, sino a aquellos que bloqueen la circulación y violen el artículo 194 del Código Penal. “El riesgo es ir a la protesta, no no ir”, justifican en esa cartera.

En los accesos a la Capital desde la provincia, dicen fuentes oficiales, se impedirá el ingreso de manifestantes que se trasladen a pie. “No van a pasar por los puentes, es una cuestión de seguridad”, avisan. También habrá controles a los micros o vehículos que trasladen a personas para la marcha. Se les pedirá documentación y se revisará si están en infracción.

Esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno habilitó una línea telefónica (134) para que los beneficiaros de planes sociales denuncien si son extorsionados por los líderes de las organizaciones para asistir a la marcha del 20D. “La línea va a estar abierta para aquel que se sienta amenazado por algún puntero que le diga que si no llegan a ir a la marcha, le quita el plan”, puntualizó Adorni, quien sostuvo que el Gobierno espera que la jornada de protesta de mañana transcurra en “absoluta paz”. Será una primera prueba de fuego para la nueva doctrina de Milei para poner límites a los piquetes.

Adorni defendió el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales para impedir los cortes de calles o bloqueos a rutas y empresas que presentó Bullrich la semana pasada. Esa resolución fue cuestionada por las organizaciones sociales y agrupaciones kirchneristas y de izquierda, que advierten que criminaliza la protesta social.

quotes La visión de los columnistas "Milei este miércoles se juega una carta importante. Su gobierno quiere demostrar que es innovador en algo que sus votantes aprecian, que es el orden público"

Carlos Pagni

“La fórmula de gestión empieza ya a dibujarse. Si bien Milei está al tanto de las principales tareas de todo su equipo hay dos ejes que particularmente sigue: economía y seguridad”

José Del Rio

Amparo judicial y rechazo de Kicillof

Hoy, el abogado Daniel Valmaggia presentó un recurso de amparo para que la Justicia declara inconstitucional el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público y pidió suspenderlo de manera inmediata. El expediente quedó en manos de Santiago Carrillo, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Número 3. “Con el protocolo se está declarando un Estado de Sitio al pulverizar los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución, que refieren al libre derecho a reunirse, a peticionar ante las autoridades. Además, lo que hace la normativa es darles a las fuerzas de seguridad el control operacional de la prohibición de la reunión con fines pacíficos”, argumentó Valmaggia.

En el Ministerio de Seguridad esperan que la Justicia rechace esa presentación en las próximas horas. “Estamos esperando la respuesta”, señalan.

Mientras tanto, el gobierno de Axel Kicillof ratificó que no planea adherir al protocolo antipiquetes que diseñó Bullrich. Javier Alonso, sucesor de Sergio Berni en Seguridad, dijo que tienen una “metodología propia”. “Es una decisión de ellos, nosotros tenemos nuestra forma de trabajar en nuestro ámbito de competencia”, apuntó en diálogo con Radio 10.

Alonso evitó confrontar con Bullrich y criticar la nueva doctrina, pese a que tomó distancia. En cambio, Carlos Bianco, uno de los colaboradores más estrechos de Kicillof, dijo que le nuevo protocolo “criminaliza la protesta”. En la Casa Rosada esperaban que los funcionarios bonaerenses cooperen en los ingresos a la Capital.