La jueza de Garantías N° 4 de Concordia, Gabriela Seró, dispuso 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. En la audiencia, su defensor oficial adelantó que pedirá la declaración de inimputabilidad.

Ayer, Laurta había sido imputado por homicidio criminis causa, figura que implica que la víctima fue asesinada para garantizar la impunidad de otros delitos: el robo del Toyota Corolla y el dinero del chofer y el doble femicidio que cometió el uruguayo el sábado pasado en Córdoba.

“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”, dijo Laurta en las escaleras de los tribunales de Concordia, Entre Ríos, tras ser notificado de la prisión preventiva que le dictaron por el homicidio del remisero y antes de ser trasladado a Córdoba para continuar el proceso por los femicidios de Luna Giardina —expareja y madre de su hijo— y de su exsuegra, Mariel Zamudio.

Con una capucha que le cubría la cabeza y escoltado por policías de Entre Ríos, Laurta intentó justificar con un argumento delirante el motivo que lo llevó a asesinar a ambas mujeres.

Para la Justicia cordobesa, la mañana del 11 de octubre Laurta irrumpió en la vivienda de las víctimas, en el barrio Villa Serrana, las sorprendió, las mató a balazos y secuestró a su hijo de 6 años para llevarlo a Uruguay.

Cuando faltaban 55 minutos para que cruzara el río Uruguay, fue detenido en el hotel Berlín en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, el domingo pasado.

En la resolución en la que se dictó la prisión preventiva contra Laurta por el homicidio del remisero, la magistrada ordenó la extracción de muestras de sangre, elementos pilosos y uñas del imputado para cotejar el ADN que eventualmente se encuentre con el perfil genético de Palacio.

Además, en la misma audiencia, el fiscal Ignacio Telenta se mostró a favor de la extradición del acusado desde Gualeguaychú, Entre Ríos, a Córdoba, para cumplir con la solicitud del Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial, de esa ciudad.

La Justicia de Córdoba había solicitado la captura nacional e internacional de Laurta al considerarlo presunto responsable de “homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género”.

Si bien la autopsia determinó que el desmembramiento del cuerpo hallado en la zona de Estación Yeruá fue post mortem , una serie de elementos incorporados en el expediente abonaron la presunción de que existió una muerte violenta y que la víctima sería el remisero Palacio.

Para saber cuál fue la mecánica de la muerte falta encontrar las otras partes del cuerpo que fueron descuartizado, aunque los investigadores presumen que Palacio habría sido asesinado de un balazo o de un fuerte golpe en la cabeza.

Las pruebas que fundaron la imputación contra Laurta fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación terminal de ómnibus de Concordia del 7 de octubre a las 19.54, cuando se registró el momento en que el acusado abordaba el Toyota Corolla blanco de Palacio y las imágenes de la estación de servicio de San Salvador, en Entre Ríos, a las 3 del 8 de octubre.

En esa última grabación quedó registrado el momento en que Laurta, sin Palacio, carga combustible al Toyota Corolla blanco. Mientras que un testigo y otra cámara de seguridad, en Córdoba, registró cuando Laurta incendió el vehículo que le robó a Palacio, el 9 de octubre.

Además, el celular del remisero se activó por última vez el 7 de octubre a la noche en una antena que realiza el servicio de telefonía móvil en la zona de Concordia y Estación Yeruá. A partir del momento en que la familia de Palacio perdió contacto con el remisero, radicó una denuncia por averiguación de paradero y consignó que el chofer había sido contratado por un pasajero con las características de Laurta.