El gobierno de Reino Unido publicó este martes una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas Malvinas de las sanciones establecidas por el gobierno argentino.

En el documento “Hacer negocios con las islas Malvinas ” publicado en el sitio oficial de la administración, incentivaron a las compañías a trabajar en las islas y hablaron de actividad económica “legítima” en el archipiélago. En el texto también argumentaron que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar la ley en las islas.

“El Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las islas Malvinas y celebra el continuo interés y la participación del sector privado en las islas”, expresaron. La publicación de la guía ocurre un día después de que Reino Unido anunciara que renovará sus aviones de guerra para reforzar la seguridad en el archipiélago. Son cuatro aeronaves Typhoon que serán reemplazados con radar de última generación y tecnología avanzada, utilizada por la OTAN.

La guía está destinada a empresas y particulares que buscan realizar negocios u otra actividad económica en el archipiélago; suministrar bienes o servicios a las islas; o que están involucradas de alguna otra manera (directa o indirectamente) en el desarrollo de la economía local, incluida la explotación de sus recursos naturales.

“El Gobierno de Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación”, aseguraron.

Malvinas: el Gobierno evalúa extender las sanciones a las pesqueras en la ley que enviará al Congreso

Hace dos semanas el presidente Javier Milei anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago y el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional. Señaló que el Estado argentino tiene la obligación de usar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para “defender la soberanía y los recursos” del país.

Desde Londres argumentaron en su guía que las Malvinas son “un territorio británico de ultramar”. “El gobierno no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas y las zonas marítimas circundantes. No hablaremos de soberanía a menos que los isleños así lo deseen”, sostuvieron.

Tras ello, enfatizaron su dominio sobre el archipiélago y arremetieron contra la Argentina por el endurecimiento de sanciones: “Las islas Malvinas han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, con la excepción de una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas Malvinas. El derecho interno argentino no se aplica dentro de las islas”.

Más adelante profundizaron sobre este punto en un apartado dedicado a aquellas empresas que fueron notificadas de las sanciones de parte del gobierno argentino.

“Algunas empresas y particulares podrían recibir correspondencia de las autoridades argentinas en relación con sus actividades en las islas o vinculadas a ellas. La postura del Gobierno del Reino Unido es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar su legislación interna en ellas, ni tampoco respecto de ninguna empresa o particular que realice negocios en las islas o vinculados a ellas”, expresaron.

Dos semanas atrás, el canciller Pablo Quirno anticipó que hay un entramado de 180 empresas que tendrán que “elegir” si invertir en la Argentina o hacerlo en Malvinas y ser sancionadas. Un día después se conoció que 45 personas físicas y jurídicas fueron notificadas de las sanciones. Posteriormente se sumaron 15 más.

Este martes el vocero presidencial Adrián Ravier informó que el gobierno ampliará la denuncia presentada contra las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina en las islas Malvinas. Allí se sumarán nuevas compañías a las que ya habían sido afectadas en la acusación previa, aunque no dio los nombres.

Desde Reino Unido detallaron que no es la primera vez que la Argentina introduce medidas en su legislación nacional para sancionar a empresas y particulares, y que eso previamente “no impidió que los habitantes de las islas desarrollen una economía próspera”. “El Reino Unido no encuentra fundamento alguno sobre el cual los tribunales de cualquier país fuera de la Argentina pudieran ejercer legítimamente jurisdicción respecto a las medidas”, cerraron.