El Gobierno confirmó este martes las designaciones de los presidentes de los principales organismos técnicos del agro que habían quedado en suspenso luego del rechazo del decreto 462/2025 en ambas cámaras del Congreso, que planteaba reformas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El Gobierno oficializó la eliminación de retenciones a las exportaciones de carne hasta octubre

Según el decreto 684/2025 publicado en el Boletín Oficial, a partir del 3 de septiembre fueron designados Martín Famulari, ingeniero agrónomo, como presidente del Inase por un período de dos años. Así como Carlos Raúl Tizio Mayer, ingeniero agrónomo, como presidente del INV; Nicolás Bronzovich, ingeniero agrónomo, como presidente del INTA, y Carlos Alberto Antonio Vera, médico veterinario, como vicepresidente del INTA.

Las designaciones llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y despejan la incertidumbre generada en el sector agropecuario tras la fallida avanzada de desregulación que buscaba reestructurar los organismos descentralizados de la Secretaría de Agricultura.

Con esta decisión, el Ejecutivo ratifica la continuidad institucional de los entes clave para la investigación, la fiscalización y el control en materia agropecuaria, semillas y vitivinicultura, luego de semanas de idas y vueltas en torno al futuro de cada uno de los organismos.

Vale recordar que el Gobierno había avanzado con la desregulación de varios organismos para achicar el gasto público, amparado en la Ley de Bases, que le permitía al Ejecutivo desregular, modificar estructuras del Estado y avanzar en una gran cantidad de medidas sin pasar por el Congreso. El Ejecutivo había justificado su decisión y calificado de “organismos ineficientes”.

El decreto que desregulaba los organismos técnicos del agro recibió el rechazo del Congreso. En el medio renunció el anterior presidente del Inase, Claudio Dunan, como presidente del Inase, por no estar de acuerdo con la disolución y que el organismo autárquico pasara a ser una Dirección Nacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura. El mismo final iba a tener el INV. Desde entonces, los trabajadores vivían una suerte de incertidumbre por los cambios que buscaba el Ejecutivo.

En este escenario, la Justicia también se expidió sobre el INTA y entendió que se configuraron los requisitos de “verosimilitud en el derecho” y “peligro en la demora” para dictar una medida precautoria. En ese sentido, la jueza Martina Isabel Forns ordenó al Poder Ejecutivo “abstenerse”de ejecutar actos administrativos derivados del decreto que impliquen traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al INTA. La cautelar tiene una vigencia de seis meses.

En el pedido de la medida cautelar, impulsada por el secretario general de Apinta, Mario Romero, y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, las organizaciones gremiales dijeron que el decreto implicaba, en los hechos, la disolución del organismo como ente autárquico y su conversión en una oficina desconcentrada de la administración central, lo que consideran un vaciamiento contrario al decreto-ley 21.680 que dio origen al INTA. También advirtieron que la medida afecta derechos adquiridos, la estabilidad del empleo público y la vigencia de los convenios colectivos que regulan las condiciones de trabajo de su personal.

A raíz de los rechazos, el Gobierno dio marcha atrás con los cambios y volvió los organismos a su punto original, según la ley que los ampara.